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Privación de libertad en adolescentes: Análisis de las prácticas judiciales en Montevideo

Las leyes no escritas del uso de la privación de la libertad de adolescentes en la ciudad de Montevideo

 

La idea principal del presente estudio es indagar en las prácticas judiciales con miras a identificar cuáles son los criterios y las circunstancias que tienen impacto en el uso de la privación de la libertad. Algunos de esos criterios son normativos, pero otros responden a reglas no escritas, a prácticas arraigadas entre los operadores del sistema de justicia juvenil. A partir del trabajo de campo realizado entre 2005 y 2013, este estudio procura contribuir desde una perspectiva cuantitativa a problematizar las prácticas mencionadas.

El informe evidencia el impacto negativo del régimen especial de la Ley 19.055 y la distancia que existe entre el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y legislación y prácticas a nivel nacional. El 80% de los adolescentes que llegaron a las sedes judiciales de Montevideo fueron privados de libertad como medida cautelar (63% en internación y 17 % arresto domiciliario) y el 52,6% tuvo una sentencia privativa de libertad. Los datos muestran un aumento del 20% en el uso de la privación de libertad de adolescentes, en 2005 esta pena alcanzaba al 41,4% de los adolescentes, mientras que en 2013 llegó al 60%. Por otra parte, se arroja evidencia sobre como la vulnerabilidad de social de los adolescentes tiene a endurecer las penas en lugar de disminuir el reproche.

Descargar: Privación de libertad en adolescentes

 

 

Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo

Tapa

Control y desarme

Es momento para el desarme (no sólo en el norte)

Un hombre de 77 años le dispara a su mujer de 68 para luego suicidarse; una mujer para a su pareja de un disparo y su cuerpo aparece en un basurero; presuntos delincuentes que mueren en manos de policías, por enigmáticos ajustes de cuentas o por parte de comerciantes; un religioso mata de tres disparos a un joven previamente denunciado por violencia doméstica; jóvenes y adultos aparecen con impactos de balas en la vía pública en diversos barrios de la ciudad como Belvedere o el Cerro, discusiones o encuentros que también terminan con muertos en plena vía pública por disparo de armas de fuego en Barros Blancos o en la Ciudad de Maldonado; un sereno de 48 años que es asesinado y le son sustraídas dos armas de fuego.

El año ha comenzado con armas, disparos y víctimas.

Según algunos estudios en Uruguay se encuentran inscriptas más de 600.000 armas. Este número incluiría las de las fuerzas armadas y la policía, a las que no llegarían a representar el 10% del total. Presumiéndose además altos índices de registro, dado que más de la mitad de las armas involucradas en hechos delictivos generalmente se encuentran inscriptas. Los estudios han concluido que las fuentes ilegales de armas son, más que el contrabando, los robos de armerías, de hogares y de las Fuerzas Armadas, así como las armas traídas por militares desde distintas misiones de paz de las Naciones Unidas. Según algunos investigadores uno de cada tres uruguayos tiene a disposición un arma de fuego lo que asemeja nuestra sociedad a las que se encuentran en situación de guerra civil.

La temática de las armas en Uruguay tiene algunas características particulares en el contexto regional. Como no existe producción nacional, todas las armas deben ser importadas, lo que implica que su disponibilidad tiene relación directa con las modificaciones en los términos de intercambio.

El fácil acceso de la población civil a las armas de fuego es un tema preocupante en todo el mundo. En el 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró que las armas de fuego son una amenaza para la vida de las personas y la convivencia pacífica de cualquier sociedad.

En este contexto pese a estar sujeto un proyecto del Poder Ejecutivo a trámite parlamentario el control de armas no parece una de las prioridades en materia de las políticas de seguridad, como si lo están otras tantas iniciativas, como el endurecimiento del sistema penal, especialmente del juvenil. Si bien la violencia tiene múltiples causas, la proliferación y fácil acceso a las armas de fuego la agrava y en muchos casos la hace posible. Hay suficiente evidencia entorno a que episodios las peleas entre vecinos o familiares, las situaciones de violencia de género, el desarrollo de delitos contra la propiedad, los accidentes pos negligencia o imprudencia, o incluso las tentativas de suicidio conducen fácilmente a la muerte cuando se encuentra un arma de fuego.

Dentro de las políticas integrales de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, el control de armas y municiones debería aparecer como una evidente prioridad para las autoridades. Existe un proyecto del Poder Ejecutivo destinado a abordar la temática, pero se trata de una iniciativa que no es lo suficientemente integral. Es preciso restringir la oferta, controlar el acceso legal a las armas, perseguir el tráfico y el contrabando, pero también en necesario en el contexto actual reducir la demanda a través de campañas de educación y concientización. Pero lo más importante es necesario desarmar a la población civil, recién se esta comenzando a hablar del tema por parte de las autoridades y las ideas no parecen del todo apropiadas. Es posible aprender mucho de los planes de recolección de armas que han funcionado en otros países, y es necesario hablar no solo de recolectar las armas, sino también de destruirlas.

No se trata de una idea original sino de una experiencia que ha sido utilizada en múltiples países, incluso de la región y que ha demostrado resultados cuando ha contado con respaldo político, incentivos económicos y garantías para quienes deciden entregar armas.

Boletín 2013

Referencias:

Dreyfus Pablo, et. al., “Control de Armas Pequeñas en el Mercosur”, Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas (MISAC), Serie América Latina No. 3 (versión en español) International Alert, Programa de Seguridad y Construcción de Paz Viva Rio, Proyecto de Control de Armas de Fuego, octubre 2003.

Dreyfus Pablo, et. al., Vecindario Bajo Observación: Un estudio sobre las “Transferencias Grises” de armas de fuego y municiones en las fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, Documento de Trabajo No 2 del Proyecto de Control de Armas de Fuego de Viva Rio, s/f.

Fleitas, Diego “El Problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur”, FLACSO Secretaría General, Documento de Trabajo Nro. 1, Junio 2006.

Paternain, Rafael y Sanseviero, Rafael. Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay: ¿qué tienen para decir las ciencias sociales? FESUR, Montevideo. 2009.

¿Qué funciona en la prevención, reinserción y disminución de la reincidencia?… Sin dato

Termina un nuevo año en el que la temática de seguridad ciudadana vuelve a ser protagonista. El contexto en el que esto ocurre continúa siendo especialmente complejo por varias circunstancias. En primera instancia por tratarse de un tema en el cual es posible identificar un importante déficit de información. Pero también por tratarse de una temática en relación a la cual la información pública existente no ha sido presentada en forma periódica y sistemática.

Es una realidad conocida la existencia de importantes polémicas en relación a la forma en la cual se elaboran los datos, se presentan y se analizan. La realización de un diagnóstico profundo de las deficiencias de los sistemas de información podría dar lugar a un extenso análisis, pero es preciso dar cuenta de algunos de los principales problemas. En la actualidad la información pública sobre el fenómeno de la delincuencia y en especial de la juvenil se caracteriza por su aislamiento, falta de publicidad, problemas para el acceso, la imposibilidad de admitir comparaciones, y la ausencia de reflexión crítica. Esto último, incluso por parte de las propias agencias que los tienen a su cargo. Es posible identificar cierta precariedad institucional y de capacidad técnica en lo que refiere al manejo de la información. Las discrepancias entre los datos oficiales sobre el impacto de la delincuencia juvenil en el total de delitos que se cometen, así como inexistencia de anuarios o boletines estadísticos comprensivos y analíticos son buenos ejemplos de esta circunstancia, excepto por la labor que se desarrolla desde el Poder Judicial y el Observatorio del Sistema Judicial. No obstante, han existido avances en los que tiene que ver con la creación y actualización de sistemas de información y la inclusión del tema en la agenda de los poderes públicos. Pero aún no es posible visualizar el impacto de estos avances.

Los problemas mencionados tienen consecuencias prácticas. El análisis de la información a los efectos de formular y comprobar las hipótesis de las intervenciones, la generación de conocimiento sobre el sistema de penal juvenil con base empírica para buscar las mejores soluciones, o reducir el error en las intervenciones, entre otras acciones indispensables dentro de una política pública racional, son imposibles sin un sistema de información, que desarrolle y privilegie una serie de indicadores, más allá del referido a la cantidad de fugas. Si no es posible medir claramente y en forma sostenida en el tiempo qué funciona, qué previene, qué reinserta en la sociedad a quienes pasan por el sistema penal en general y por la justicia juvenil, se hace imposible discutir racionalmente con quienes plantean soluciones mágicas y represivas.

Se trata de que las políticas de prevención del delito efectivamente los prevengan, que las respuestas del sistema penal se encuentren dirigidas a la reinserción, y que de alguna manera tengan como resultado la no comisión de un nuevo delito. Pero para todo esto se requiere profesionalizar el sistema, poder evaluarlo y poder decidir qué es lo que funciona, cuándo funciona, por qué funciona y cómo replicarlo o modificarlo para mejorar su eficiencia en términos mensurables.

También forma parte del contexto el proceso de contrarreforma y la percepción de un crecimiento de la violencia y la inseguridad, que se traduce en cíclicas propuestas de mayor severidad en la aplicación de la ley penal por parte antes de algunos sectores, ahora de las mayorías. Las políticas públicas de seguridad ciudadana son de las que mayor relevancia han tenido en el debate público en las últimas décadas. No hay duda que se trata de un tema sensible e importante. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia constituye un grave problema donde se encuentra en juego la vigencia de los derechos humanos. Esta perspectiva tiene relación con la necesidad de que las políticas sobre seguridad ciudadana sean evaluadas en relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Esto implica que la construcción de la misma debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y como límite a las intervenciones del Estado. Pero también desde esa perspectiva la seguridad ciudadana debe ser concebida como el derecho de todas las personas a vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito. No debería formularse de modo alguno, la existencia de una contraposición o incompatibilidad entre el respeto de los derechos y el desarrollo de políticas eficaces de seguridad ciudadana.

Sin embargo, los cambios recientes y los futuros no parecen obedecer a una lógica como la descripta, sino a embates represivos simbólicos y costosos. Aún podemos seguir preguntándonos ¿qué es lo que funciona a nivel de prevención, reinserción y disminución de la reincidencia? Termina el año sin que existan formas transparentes y confiables para responder estas preguntas. Y mientras tanto a nadie le importa la respuesta de para qué sirve aumentar penas, criminalizar las faltas, etc.; sólo las aumentamos creyendo contra toda evidencia que eso nos va a dar más seguridad.

Publicado en: 180.com.uy

Privados de libertad. La voz de los adolescentes 2008

El derecho del niño a expresar su opinión libremente sobre todos los asuntos que le afecten se respetará y hará efectivo plenamente en cada etapa del proceso de la justicia de menores. […] las opiniones de los niños involucrados en el sistema de justicia de menores se están convirtiendo cada vez más en una fuerza poderosa de mejora y reforma y para el disfrute de sus derechos.

(Comité de los Derechos del Niño, Observación general No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, crc/c/gc/0, 5 de abril de 2007)

Bienvenidos

La Fundación Justicia y Derecho es una Organización no Gubernamental que trabaja en la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay.

El Observatorio del Sistema Judicial ha sido una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia y las políticas públicas. Se desarrolla mediante el seguimiento de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales y de una selección de casos relevantes (a este segundo componente incorporamos, a partir de 2007, una clínica jurídica orientada al litigio estratégico).

Contacto: fundacionjusticiayderechos@gmail.com

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