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Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo.

internados-tapaAutores: Agustina López y Javier Palummo Equipo de investigación: Vanessa Anfitti, Georgina Albornoz, Sabrina Bohm, Ana Inés Corrales, Agustina López y Sabrina Massaferro. Descargar: Internados.

Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo

Tapa

Control y desarme

Es momento para el desarme (no sólo en el norte)

Un hombre de 77 años le dispara a su mujer de 68 para luego suicidarse; una mujer para a su pareja de un disparo y su cuerpo aparece en un basurero; presuntos delincuentes que mueren en manos de policías, por enigmáticos ajustes de cuentas o por parte de comerciantes; un religioso mata de tres disparos a un joven previamente denunciado por violencia doméstica; jóvenes y adultos aparecen con impactos de balas en la vía pública en diversos barrios de la ciudad como Belvedere o el Cerro, discusiones o encuentros que también terminan con muertos en plena vía pública por disparo de armas de fuego en Barros Blancos o en la Ciudad de Maldonado; un sereno de 48 años que es asesinado y le son sustraídas dos armas de fuego.

El año ha comenzado con armas, disparos y víctimas.

Según algunos estudios en Uruguay se encuentran inscriptas más de 600.000 armas. Este número incluiría las de las fuerzas armadas y la policía, a las que no llegarían a representar el 10% del total. Presumiéndose además altos índices de registro, dado que más de la mitad de las armas involucradas en hechos delictivos generalmente se encuentran inscriptas. Los estudios han concluido que las fuentes ilegales de armas son, más que el contrabando, los robos de armerías, de hogares y de las Fuerzas Armadas, así como las armas traídas por militares desde distintas misiones de paz de las Naciones Unidas. Según algunos investigadores uno de cada tres uruguayos tiene a disposición un arma de fuego lo que asemeja nuestra sociedad a las que se encuentran en situación de guerra civil.

La temática de las armas en Uruguay tiene algunas características particulares en el contexto regional. Como no existe producción nacional, todas las armas deben ser importadas, lo que implica que su disponibilidad tiene relación directa con las modificaciones en los términos de intercambio.

El fácil acceso de la población civil a las armas de fuego es un tema preocupante en todo el mundo. En el 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró que las armas de fuego son una amenaza para la vida de las personas y la convivencia pacífica de cualquier sociedad.

En este contexto pese a estar sujeto un proyecto del Poder Ejecutivo a trámite parlamentario el control de armas no parece una de las prioridades en materia de las políticas de seguridad, como si lo están otras tantas iniciativas, como el endurecimiento del sistema penal, especialmente del juvenil. Si bien la violencia tiene múltiples causas, la proliferación y fácil acceso a las armas de fuego la agrava y en muchos casos la hace posible. Hay suficiente evidencia entorno a que episodios las peleas entre vecinos o familiares, las situaciones de violencia de género, el desarrollo de delitos contra la propiedad, los accidentes pos negligencia o imprudencia, o incluso las tentativas de suicidio conducen fácilmente a la muerte cuando se encuentra un arma de fuego.

Dentro de las políticas integrales de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, el control de armas y municiones debería aparecer como una evidente prioridad para las autoridades. Existe un proyecto del Poder Ejecutivo destinado a abordar la temática, pero se trata de una iniciativa que no es lo suficientemente integral. Es preciso restringir la oferta, controlar el acceso legal a las armas, perseguir el tráfico y el contrabando, pero también en necesario en el contexto actual reducir la demanda a través de campañas de educación y concientización. Pero lo más importante es necesario desarmar a la población civil, recién se esta comenzando a hablar del tema por parte de las autoridades y las ideas no parecen del todo apropiadas. Es posible aprender mucho de los planes de recolección de armas que han funcionado en otros países, y es necesario hablar no solo de recolectar las armas, sino también de destruirlas.

No se trata de una idea original sino de una experiencia que ha sido utilizada en múltiples países, incluso de la región y que ha demostrado resultados cuando ha contado con respaldo político, incentivos económicos y garantías para quienes deciden entregar armas.

Boletín 2013

Referencias:

Dreyfus Pablo, et. al., “Control de Armas Pequeñas en el Mercosur”, Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas (MISAC), Serie América Latina No. 3 (versión en español) International Alert, Programa de Seguridad y Construcción de Paz Viva Rio, Proyecto de Control de Armas de Fuego, octubre 2003.

Dreyfus Pablo, et. al., Vecindario Bajo Observación: Un estudio sobre las “Transferencias Grises” de armas de fuego y municiones en las fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, Documento de Trabajo No 2 del Proyecto de Control de Armas de Fuego de Viva Rio, s/f.

Fleitas, Diego “El Problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur”, FLACSO Secretaría General, Documento de Trabajo Nro. 1, Junio 2006.

Paternain, Rafael y Sanseviero, Rafael. Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay: ¿qué tienen para decir las ciencias sociales? FESUR, Montevideo. 2009.

¿Ultimo recurso?

La utilización inicial de la privación de libertad

La normativa es clara. Pero cada vez más adolescentes son privados de libertad pese a que deben existir otras alternativas más interesantes, educativas y constructivas que no se aplican.

El aumento de la utilización es aún mas evidente si tomamos en cuenta en forma conjunta a las medidas cautelares privativas de libertad que prevé la normativa vigente (internación provisoria y arresto domiciliario).

La información referida es especialmente grave no sólo por implicar un desconocimiento de la normativa, sino por tratarse de una práctica que se sustenta en un sistema de privación de libertad caracterizado por el ocio y el hacinamiento en el que se potencian los efectos negativos de la privación de libertad.

INFORME

Fuente: Relevamientos del OSJ (2004, 05, 06, 07 y 08) y elaboración propia de datos del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial (2009 y 10). Los relevamientos del OSJ se realizan sobre muestras estadísticamente representativas de expedientes y los datos del Poder Judicial son porcentajes calculados sobre total de casos de expedientes concluidos.

Normativa

La utilización de la privación de libertad como medida cautelar al inicio de los procedimientos debe ser excepcional. Esto trae como consecuencia la necesidad de que existan previsiones normativas referidas a una pluralidad de otras medidas distintas a la prisión preventiva, a las cuales las autoridades jurisdiccionales puedan recurrir y que se deben implementar efectivamente.
El principio de que los adolescentes solo deben ser privados de su libertad como último recurso es especialmente importante durante la etapa pre procesal, porque todavía no han sido responsabilizados y, por ende, se debe presumir su inocencia. El derecho internacional requiere que la prisión preventiva solo se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible.
Para estar justificada, la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar debe estar destinada a asegurar determinadas finalidades procesales legítimas. Al respecto, la normativa prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. Más aún, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas, de tal forma que la mera alegación de este riesgo no satisface este requisito. Para una medida de prisión preventiva debe tenerse en cuenta también el principio de proporcionalidad de la pena, de forma tal que no se podrá aplicar esta medida cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad.
Pese a lo expresado, la utilización excesiva de la privación de libertad al inicio de los procedimientos es uno de los problemas más evidentes del sistema penal juvenil. Y es además un problema que se agrava con el tiempo.

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