La utilización inicial de la privación de libertad

La normativa es clara. Pero cada vez más adolescentes son privados de libertad pese a que deben existir otras alternativas más interesantes, educativas y constructivas que no se aplican.

El aumento de la utilización es aún mas evidente si tomamos en cuenta en forma conjunta a las medidas cautelares privativas de libertad que prevé la normativa vigente (internación provisoria y arresto domiciliario).

La información referida es especialmente grave no sólo por implicar un desconocimiento de la normativa, sino por tratarse de una práctica que se sustenta en un sistema de privación de libertad caracterizado por el ocio y el hacinamiento en el que se potencian los efectos negativos de la privación de libertad.

INFORME

Fuente: Relevamientos del OSJ (2004, 05, 06, 07 y 08) y elaboración propia de datos del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial (2009 y 10). Los relevamientos del OSJ se realizan sobre muestras estadísticamente representativas de expedientes y los datos del Poder Judicial son porcentajes calculados sobre total de casos de expedientes concluidos.

Normativa

La utilización de la privación de libertad como medida cautelar al inicio de los procedimientos debe ser excepcional. Esto trae como consecuencia la necesidad de que existan previsiones normativas referidas a una pluralidad de otras medidas distintas a la prisión preventiva, a las cuales las autoridades jurisdiccionales puedan recurrir y que se deben implementar efectivamente.
El principio de que los adolescentes solo deben ser privados de su libertad como último recurso es especialmente importante durante la etapa pre procesal, porque todavía no han sido responsabilizados y, por ende, se debe presumir su inocencia. El derecho internacional requiere que la prisión preventiva solo se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible.
Para estar justificada, la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar debe estar destinada a asegurar determinadas finalidades procesales legítimas. Al respecto, la normativa prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. Más aún, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas, de tal forma que la mera alegación de este riesgo no satisface este requisito. Para una medida de prisión preventiva debe tenerse en cuenta también el principio de proporcionalidad de la pena, de forma tal que no se podrá aplicar esta medida cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad.
Pese a lo expresado, la utilización excesiva de la privación de libertad al inicio de los procedimientos es uno de los problemas más evidentes del sistema penal juvenil. Y es además un problema que se agrava con el tiempo.