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La Fundación Justicia y Derecho es una Organización no Gubernamental que trabaja en la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay.

El Observatorio del Sistema Judicial ha sido una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia y las políticas públicas. Se desarrolla mediante el seguimiento de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales y de una selección de casos relevantes (a este segundo componente incorporamos, a partir de 2007, una clínica jurídica orientada al litigio estratégico).

Contacto: fundacionjusticiayderechos@gmail.com

Adolescentes mujeres: delito y respuesta penal

Delincuencia y criminalización de las adolescentes en la ciudad de Montevideo

 

El presente informe problematiza las conductas delictivas de las adolescentes montevideanas y las respuestas desarrolladas por la justicia penal juvenil. Existen diversos trabajos que abordan esta temática en términos generales, así como algunos estudios específicos referentes a la criminalización de las mujeres. Estos últimos se focalizan en la privación de libertad, en las condiciones de reclusión y en el monitoreo de una serie de estándares mínimos que se han establecido en la normativa internacional referente a los derechos humanos. A partir del trabajo de campo realizado entre los años 2005 y 2013, este estudio procura contribuir desde una perspectiva cuantitativa a problematizar las prácticas del sistema de responsabilidad penal en relación a judicialización de las adolescentes en conflicto con la ley penal.

Las adolescentes mujeres representan una porción mínima del total de adolescentes que comenten infracciones. Durante los nueve años de relevamiento se mantiene la proporción de 1 adolescente mujer cada 10 adolescentes en conflicto con la ley. La publicación evidencia algunas de las particularidades que presentan en las adolescentes mujeres que han cometido un delito: con respecto al tipo de infracción existe una asociación mayor entre las adolescentes mujeres y los delitos asociados a estupefacientes; las adolescentes suelen cometer delitos en grupo y utilizan en menor medida que los varones las armas de fuego.

Descargar: Delincuencia y criminalización de las adolescentes

Privación de libertad en adolescentes: Análisis de las prácticas judiciales en Montevideo

Las leyes no escritas del uso de la privación de la libertad de adolescentes en la ciudad de Montevideo

 

La idea principal del presente estudio es indagar en las prácticas judiciales con miras a identificar cuáles son los criterios y las circunstancias que tienen impacto en el uso de la privación de la libertad. Algunos de esos criterios son normativos, pero otros responden a reglas no escritas, a prácticas arraigadas entre los operadores del sistema de justicia juvenil. A partir del trabajo de campo realizado entre 2005 y 2013, este estudio procura contribuir desde una perspectiva cuantitativa a problematizar las prácticas mencionadas.

El informe evidencia el impacto negativo del régimen especial de la Ley 19.055 y la distancia que existe entre el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y legislación y prácticas a nivel nacional. El 80% de los adolescentes que llegaron a las sedes judiciales de Montevideo fueron privados de libertad como medida cautelar (63% en internación y 17 % arresto domiciliario) y el 52,6% tuvo una sentencia privativa de libertad. Los datos muestran un aumento del 20% en el uso de la privación de libertad de adolescentes, en 2005 esta pena alcanzaba al 41,4% de los adolescentes, mientras que en 2013 llegó al 60%. Por otra parte, se arroja evidencia sobre como la vulnerabilidad de social de los adolescentes tiene a endurecer las penas en lugar de disminuir el reproche.

Descargar: Privación de libertad en adolescentes

 

 

Prácticas judiciales en los procesos infraccionales a adolescentes. Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto. 2005–2013

El endurecimiento de la legislación penal en los derechos de los adolescentes sometidos a procesos infraccionales en Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto

 

El presente trabajo es el resultado de un intenso seguimiento de las prácticas y resoluciones judiciales posteriores a la aprobación del CNA, realizado con el objetivo de fomentar una profunda reflexión sobre la implementación del sistema de justicia penal juvenil, especialmente a los efectos de favorecer el desarrollo de prácticas judiciales acordes con la normativa internacional consagratoria de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Esperamos que la información que se expone sea útil para que el público en general y las agencias que componen el sistema de justicia juvenil puedan reflexionar sobre el funcionamiento de este.

Los datos evidencian que existe una clara concentración de los delitos contra la propiedad, en Montevideo la mayoría de los delitos son rapiñas mientras que en el interior son hurtos. La utilización de armas d

e fuego es una característica mayoritariamente montevideana, los datos registran un pico utilización de armas en 2010 (75,8% de los casos) y un decrecimiento al 46,4% en 2013. En los departamentos del interior la utilización de armas promedia el 15%. La información da cuenta que la justicia penal juvenil en el interior del país aborda situaciones menos violentas, lo que tiene su correlato en la aplicación de la privación de libertad. En los departamentos del interior analizados hay un significativo menor uso de la privación de libertad. Sin embargo, a partir de 2011 en todas las ciudades se observa un aumento de los tiempos de la sanción de privación de libertad.

Descargar: Prácticas judiciales en los procesos infraccionales a adolescentes

Violencia contra niños, niñas y adolescentes

Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Protección judicial y prácticas institucionales en la ciudad de Montevideo

 

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema grave en Uruguay, al igual que en la región. No obstante, la información sobre la temática es incompleta, se encuentra fragmentada y no permite dimensionar correctamente este fenómeno.

En Uruguay no existe mucha información sobre la forma en la cual las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, son abordadas por el sistema de administración de justicia ni, en especial, sobre las medidas de protección que se adoptan en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

El presente informe tiene como objetivo principal abordar dicho vacío de información. A esos efectos se presenta en forma ordenada, y se analiza conforme los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, la información relevada en el marco de una investigación específica que ha desarrollado el Observatorio del Sistema Judicial (OSJ).

Este estudio comprende concretamente los procesos de protección de derechos del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) y los procesos de la Ley de Violencia Doméstica (Nº 17.514, del 2 de julio de 2002) en los cuales se han identificado situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Este estudio fue realizado durante el año 2014; la información se relevó entre julio y setiembre, mientras que el análisis de los datos y la redacción del informe se desarrollaron entre octubre y diciembre.

Descargar: Violencia contra niños, niñas y adolescentes

Jueza Mainard procesó a cinco colectiveros por explotación sexual de adolescentes

12.01.17, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. María Helena Mainard, dictó el procesamiento y prisión de cinco empleados de una empresa de transporte colectivo por delitos vinculados a la explotación sexual de menores de edad previstos en los arts. 4 y 5 de la ley nº 17.815.

La investigación se inició a instancias de la denuncia presentada por la Presidenta de INAU Lic. Marisa Lindner, quien señaló que en terminales de la empresa de transporte colectivo en la que se desempeñaban los choferes, guardas e inspectores sospechados, se habrían entablado en varias oportunidades contactos de tipo sexual con por lo menos tres adolescentes, lo que en uno de los casos dataría de hace tres años atrás. Los encuentros se producían en los coches de la empresa, en casas que se alquilaban a tal fin o en hoteles de alta rotatividad, a cambio de dinero u otros bienes.-
La investigación desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (Departamento de Investigación de Delitos Especiales) permitió determinar que por lo mens tres adolescentes estarían siendo sometidas por trabajadores de la empresa de transporte colectivo en el Cerro. La prueba recogida permitió a la magistrada enjuiciar a E.G.C. por la comisión en calidad de autor de un delito de retribución o promesa de retribución de personas menores de edad o incapaces, así como a J.S.G., C.A.W.R., L.G.A.O. y F.J.G.M., por la comisión en calidad de autores, de un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces, respectivamente.-
El enjuiciamiento se dispuso con prisión atendiendo “a la gravedad de las conductas imputadas primariamente”.-

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1918-redactora-de-confirmacion-para-restituir-nina-a-espana-explica-pormenores-del-fallo.html

Redactora de confirmación para restituir niña a España explica pormenores del fallo

23.12.16, de DICOMI-SCJ.- La Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, Dra. Lilián Bendahan, redactora de la sentencia que confirmó la orden de restitución de una menor de 4 años de edad a España, de donde fue traída por su madre y retenida en nuestro país sin que el padre consintiera nuevo domicilio, respondió a consultas concretas realizadas desde este portal noticioso.

La resolución tuvo amplia repercusión mediática y fue objeto de diversos comentarios, muchos de los cuales no tomaron en consideración siquiera los términos concretos con los que se dictó el fallo, fundado en el marco del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores, aprobado en Uruguay por ley 17.109 de 25 de Mayo de 1999, que nos vincula con España y un gran número de países del mundo.
El Uruguay asumió así la obligación de restituír a los niños ilícitamente sustraídos de su jurisdicción natural (centro de vida del niño, Estado de su formación, residencia habitual del niño) para que sea este Juez, quien resuelva todas las cuestiones atinentes a su guarda y su interés. El Convenio de La Haya reposa sobre la premisa de ser éste el Juez que mejor puede proteger al niño, porque allí están todos los elementos de juicio necesarios para ello. Y sobre la mutua confianza en las Instituciones de los países signatarios del Convenio.
NO SE DUDA RESPECTO DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA
Consultada concretamente sobre si se tomaron en cuenta las denuncias de la madre de la niña, la Dra. Bendahan explicó que “aún detectándose un cierto riesgo se debe restituir si se demuestra que con las adecuadas medidas de protección el riesgo puede ser conjurado para que se lleve adelante el juicio en la jurisdicción natural. Si así no fuere, es decir si no hubiere manera de conjurar el riesgo, entonces actúa la excepción y no se restituye. Y eso es lo único que toca dirimir al Juez del estado requerido, en este caso, Uruguay”.
Al resolver este asunto “el Tribunal entendió que existen medidas de protección efectivas y no se abrigan dudas respecto de la existencia de un Estado de Derecho en el Reino de España, integrante de la Unión Europea, con leyes garantistas en materia de Derechos Humanos, Justicia independiente y efectiva”, dijo la magistrada.
Por eso el fallo, sin pronunciarse sobre la acusación de abuso, adopta medidas que aseguran el retorno seguro pero sin cuyo cumplimiento, el retorno no tendrá lugar” aseguró.
LAS CONDICIONES DEL FALLO DEBEN SER RECONOCIDAS POR LA JUSTICIA ESPAÑOLA.
El fallo dispone la restitución condicionada a que se obtenga el reconocimiento judicial en el Reino de España de la orden de protección dictada en Uruguay por el Tribunal en ejercicio de una competencia genuina otorgada por otro Convenio de La Haya, el Convenio de La Haya relativo a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños de 1996, aprobado por Ley N° 18.535 de 11 de Agosto de 2.009.
La protección para el retorno seguro que determina el fallo consiste en condicionar el regreso de la niña al cumplimiento de dos condiciones, a saber:
1) El fallo otorga a la madre la tenencia provisional de su hija y determina una orden de prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros y comunicación por cualquier medio, por parte del padre respecto de las dos, madre e hija. La condición es el reconocimiento Judicial de esas medidas por el Juez Español.
Ambas medidas deben, en el marco del Convenio del 96, resultar objeto de un reconocimiento por el Juez competente en el Reino de España, mediante un proceso Judicial de Reconocimiento.
Dado que los procedimientos de Reconocimiento al amparo del Convenio del 96 dependen de la Ley interna de cada país, si el padre requirente no demuestra ante la sede de Primera Instancia en Uruguay que a resultas de ese proceso en España la orden de protección ha sido reconocida por el Juez Español, la niña no regresa.
2) La madre tuvo en su momento una causa penal abierta en España debido a la sustracción que, según surge del expediente, ha sido sobreseída. Si el padre requirente no acredita frente al Juzgado de Primera Instancia en Uruguay que el auto de sobreseimeinto se encuentra firme, es decir ya no es pasible de recursos, la niña no regresa.
Ambas condiciones deben cumplirse acumulativamente para que se habilite el regreso.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1918-redactora-de-confirmacion-para-restituir-nina-a-espana-explica-pormenores-del-fallo.html

Tribunal de Apelaciones confirmó orden de restituir a menor traído de España de forma ilegítima

24.05.16, de DICOMI-SCJ.- El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, integrado por los Jueces Pera, Cavalli, Martínez y Agnetti, confirmó la sentencia dictada por la Jueza María Fátima Boné quien ordenó la restitución de un menor que fuera traído de forma ilegítima por su madre desde España.
Respecto de la decisión de la Jueza Boné, el Tribunal la confirmó aclarando que “si bien en el fallo del pronunciamiento atacado, por error se hace referencia a la entrega de J. a su padre, el objeto de este proceso no es decidir con cuál de los progenitores debe convivir, y por consiguiente, la orden de restitución de ningún modo significa una resolución al respecto”.
Los Magistrados entienden que “no habiéndose aportado por la excepcionante prueba que acredite que el niño haya debido soportar acto de violencia de ningún tipo por parte de su padre, y siendo que además debía probar que existía ‘grave riesgo’ de que la restitución pusiera a J. en peligro físico, psíquico, o que de cualquier otra manera los expusiera a una ‘situación intolerable'”.
En alusión al deseo del niño de permanecer en Uruguay, el Tribunal expresó: “en primer lugar se impone precisar que lo que establece el art. 16 en el inc. A) es la posibilidad de rechazar la solicitud: ‘Si se comprobare que la persona de menos de dieciséis años de edad se opone por motivos fundados a regresar y, a juicio del Tribunal, su edad y madurez justificare tomar en cuenta su opinión ( art. 8º de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y la Adolescencia)'”. Además agregan que “ninguna duda existe, por tanto, sobre el derecho del menor a ser escuchado conforme a lo establecido en el art. 12 de la Convención de Derechos del Niño, y a que se tome en cuenta su opinión, pero eso no significa resolver el caso solo en base a esa voluntad expresada (Sentencias de la Sala Nº DFA 0011-000857/2014 y SEF 0011-000176/2014)”.

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1606-flores.html

Jueza Boné ordena restituir a un menor traído de forma ilegítima por su madre desde España

05.05.16, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada de Primera Instancia de Flores de 2º Turno, Dra. Fátima Boné, ordenó la restitución de un niño de seis años de edad que fue traído desde España de forma ilegítima por su madre, y dispuso además que la Defensora asignada al niño le leyera un capítulo de la sentencia especialmente redactado para que pudiese comprenderla claramente.

La magistrada sostuvo la necesidad de que en estos casos se utilice en las resoluciones judiciales un lenguaje “adecuado a los efectos de que los interlocutores se comprendan” y que “tratándose de un niño pequeño de 6 años de edad” debe hacerse un esfuerzo para que “pueda comprender cuál es la decisión que la Sede ha tomado en relación a su vida y los motivos por los cuales se arribó“, encausándolo a través del principio del “Derecho a la Respuesta“, refiriendo así al “derecho no solo a conocer sino a comprender el juicio realizado por el decisor“.

 

Las palabras dirigidas al niño fueron las siguientes:
J.: soy la Juez Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el Juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos Miriam y José o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos Beatriz y Antonio.
Se que acá en esta ciudad de Trinidad, en la que estás hace más o menos 4 meses, la que a vos te parece “un pueblito”, estás contento y tenés muchas actividades como el teatro, la piscina y el taekwondo aunque no tengas traje ni cinturón. Sé que te gusta y que te divertís, que tenés a Rosita y a Dana como mascotas y que eso es bueno para ti. Pero también es verdad que en España hay personas y situaciones muy importantes para ti: allá puedes ver a tu papá, a los abuelos, primos y continuar la relación con tus amigos. Por otra parte también sé que España tal como me lo dijiste cuando hablamos en el Juzgado te gusta, pero que el lugar más lindo entre Nerja, Granada y Barcelona es Nerja, donde viviste con mamá y papá.
Por tanto como tengo que decidir aunque no tengo toga ni martillo como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora a la brevedad puedas volver a tu país, España.
Así vas a poder ver también a papá, y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien.
Como te dije en el juzgado, fue un gusto conocerte. Será hasta pronto.
Fátima.

 

La magistrada sostuvo en su resolución que “la opinión del niño debe ser tenida en cuenta, pero no es vinculante, ya que debe valorarse la misma de acuerdo a factores tales como la madurez y edad
Más adelante añade que “si bien es un niño pequeño de 6 años, demostró una comprensión clara de la situación y se desenvolvió tanto en audiencia como en la entrevista con la psicóloga de la Sede con mucha soltura“.

Claramente manifestó a la psicóloga que los niños ‘tienen que estar con sus mamás y también con sus papás’, expresando seguidamente ‘no soy solo de ninguno, soy hijo de los dos’ ( fs 306 vto). Se desprende entonces que quiere a ambos padres y quiere estar con ambos viendo como imposible que los tres vivan en un mismo país porque los padres se pelean mucho y causan muchos problemas“.
No hay entonces un sentimiento fuerte de no regresar, una objeción como lo requiere el convenio, sino una mera preferencia en tanto parecería para él que es la mejor forma de que no existan problemas entre los padres. Estas preferencias de estado no son suficientes como para configurar la excepción de la que habla el art. 16 literal A de la ley 18.895” establece la jueza Boné en su sentencia.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1590-jueza-bone-ordena-restituir-a-un-menor-traido-de-forma-ilegitima-por-su-madre-desde-espana.html 

Tribunal de Apelaciones confirmó sentencia negando restitución internacional de niño noruego

19.08.15, de DICOMI-SCJ.- El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó la sentencia dictada por la Jueza Letrada de Primera Instancia de Paysandú de 2º Turno, Dra. Nivia Diaz, no haciendo lugar a la solicitud de restitución internacional de un niño de origen noruego de 7 años de edad, efectuada por su padre legítimo residente en Noruega.

De acuerdo a lo expresado en la sentencia definitiva de la sala, en resolución adoptada por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la Ley 15.750), se confirmó la sentencia de primera instancia recurrida por la defensa del ciudadano noruego, por entender que la impugnación fue presentada fuera del plazo legal estipulado y establecido en la Convención aplicable y en virtud del “grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psiquíco” (art. 15 lit. B de la Ley 18.895 y art. 13 lit. B del Convenio de La Haya).
Los ministros firmantes Dra. Mary Cristina Alonso, Dra. Loreley Opertti y Dr. Fernando Cardinal sostuvieron que: “en efecto, de la probanza diligenciada, correctamente valorada por la sentenciante de primer grado, emerge que el niño se encuentra integrado a su nuevo centro de vida, en el que ha permanecido ya durante dos años, en su vida de siete años”. El tribunal confirmó la sentencia sin especial condenación procesal en el grado.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1343-tribunal-de-apelaciones-confirmo-sentencia-de-primera-instancia-oponiendose-a-la-solicitud-de-restitucion-internacional-de-nino-noruego.html

Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo.

Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo. 

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Una hipótesis fundamental del presente trabajo es que en las prácticas actuales de institucionalización por motivos asistenciales perviven la matriz tutelar y prácticas generalmente asociadas con lo que se ha denominado doctrina de la situación irregular. Esto implicaría que el Sistema de Protección de Derechos, impactado por la normativa que les reconoce a los niños la titularidad de derechos, si bien ha iniciado un proceso de adecuación, especialmente desde la perspectiva orgánica y nominativa, aún necesita avanzar hacia una adecuación sustancial. En efecto, el CNA eliminó las categorías de abandono moral o material, superó la competencia conjunta para el abordaje judicial de las temáticas de infracción y protección, y además estableció una serie de principios rectores para las políticas públicas de protección a la infancia y la familia. Todos estos son cambios muy importantes y representan un gran avance en cuanto a la adecuación de nuestra normativa a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) y los demás instrumentos internacionales que son tomados como marco jurídico de referencia para el presente trabajo.

Descargar: Internados.

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