Bienvenidos

La Fundación Justicia y Derecho es una Organización no Gubernamental que trabaja en la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay.

El Observatorio del Sistema Judicial ha sido una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia y las políticas públicas. Se desarrolla mediante el seguimiento de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales y de una selección de casos relevantes (a este segundo componente incorporamos, a partir de 2007, una clínica jurídica orientada al litigio estratégico).

Contacto: fundacionjusticiayderechos@gmail.com

Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo.

internados-tapaAutores: Agustina López y Javier Palummo Equipo de investigación: Vanessa Anfitti, Georgina Albornoz, Sabrina Bohm, Ana Inés Corrales, Agustina López y Sabrina Massaferro. Descargar: Internados.

Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo

Tapa

Delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo

La Fundación Justicia y Derecho tienen el gusto de invitarlo a la presentación del libro Delincuencia Juvenil en la Ciudad de Montevideo desarrollada en el marco del proyecto Observatorio del Sistema Judicial.

Invitacion

Los comentarios estarán a cargo de la Dra Karyna Batista Sposato, Especialista en Responsabilidad Penal Juvenil y profesora del Programa de Posgrado en Derechos Humanos. Universidad Tiradentes, Brasil.

Torre de los Profesionales, Sala Ombú.

Yaguarón 1407 piso 4.

4 de abril de 2013 de 10 a 11:30 horas.

Se entregará una copia del libro a los asistentes.

 

 

 

Control y desarme

Es momento para el desarme (no sólo en el norte)

Un hombre de 77 años le dispara a su mujer de 68 para luego suicidarse; una mujer para a su pareja de un disparo y su cuerpo aparece en un basurero; presuntos delincuentes que mueren en manos de policías, por enigmáticos ajustes de cuentas o por parte de comerciantes; un religioso mata de tres disparos a un joven previamente denunciado por violencia doméstica; jóvenes y adultos aparecen con impactos de balas en la vía pública en diversos barrios de la ciudad como Belvedere o el Cerro, discusiones o encuentros que también terminan con muertos en plena vía pública por disparo de armas de fuego en Barros Blancos o en la Ciudad de Maldonado; un sereno de 48 años que es asesinado y le son sustraídas dos armas de fuego.

El año ha comenzado con armas, disparos y víctimas.

Según algunos estudios en Uruguay se encuentran inscriptas más de 600.000 armas. Este número incluiría las de las fuerzas armadas y la policía, a las que no llegarían a representar el 10% del total. Presumiéndose además altos índices de registro, dado que más de la mitad de las armas involucradas en hechos delictivos generalmente se encuentran inscriptas. Los estudios han concluido que las fuentes ilegales de armas son, más que el contrabando, los robos de armerías, de hogares y de las Fuerzas Armadas, así como las armas traídas por militares desde distintas misiones de paz de las Naciones Unidas. Según algunos investigadores uno de cada tres uruguayos tiene a disposición un arma de fuego lo que asemeja nuestra sociedad a las que se encuentran en situación de guerra civil.

La temática de las armas en Uruguay tiene algunas características particulares en el contexto regional. Como no existe producción nacional, todas las armas deben ser importadas, lo que implica que su disponibilidad tiene relación directa con las modificaciones en los términos de intercambio.

El fácil acceso de la población civil a las armas de fuego es un tema preocupante en todo el mundo. En el 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró que las armas de fuego son una amenaza para la vida de las personas y la convivencia pacífica de cualquier sociedad.

En este contexto pese a estar sujeto un proyecto del Poder Ejecutivo a trámite parlamentario el control de armas no parece una de las prioridades en materia de las políticas de seguridad, como si lo están otras tantas iniciativas, como el endurecimiento del sistema penal, especialmente del juvenil. Si bien la violencia tiene múltiples causas, la proliferación y fácil acceso a las armas de fuego la agrava y en muchos casos la hace posible. Hay suficiente evidencia entorno a que episodios las peleas entre vecinos o familiares, las situaciones de violencia de género, el desarrollo de delitos contra la propiedad, los accidentes pos negligencia o imprudencia, o incluso las tentativas de suicidio conducen fácilmente a la muerte cuando se encuentra un arma de fuego.

Dentro de las políticas integrales de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, el control de armas y municiones debería aparecer como una evidente prioridad para las autoridades. Existe un proyecto del Poder Ejecutivo destinado a abordar la temática, pero se trata de una iniciativa que no es lo suficientemente integral. Es preciso restringir la oferta, controlar el acceso legal a las armas, perseguir el tráfico y el contrabando, pero también en necesario en el contexto actual reducir la demanda a través de campañas de educación y concientización. Pero lo más importante es necesario desarmar a la población civil, recién se esta comenzando a hablar del tema por parte de las autoridades y las ideas no parecen del todo apropiadas. Es posible aprender mucho de los planes de recolección de armas que han funcionado en otros países, y es necesario hablar no solo de recolectar las armas, sino también de destruirlas.

No se trata de una idea original sino de una experiencia que ha sido utilizada en múltiples países, incluso de la región y que ha demostrado resultados cuando ha contado con respaldo político, incentivos económicos y garantías para quienes deciden entregar armas.

Boletín 2013

Referencias:

Dreyfus Pablo, et. al., “Control de Armas Pequeñas en el Mercosur”, Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas (MISAC), Serie América Latina No. 3 (versión en español) International Alert, Programa de Seguridad y Construcción de Paz Viva Rio, Proyecto de Control de Armas de Fuego, octubre 2003.

Dreyfus Pablo, et. al., Vecindario Bajo Observación: Un estudio sobre las “Transferencias Grises” de armas de fuego y municiones en las fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, Documento de Trabajo No 2 del Proyecto de Control de Armas de Fuego de Viva Rio, s/f.

Fleitas, Diego “El Problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur”, FLACSO Secretaría General, Documento de Trabajo Nro. 1, Junio 2006.

Paternain, Rafael y Sanseviero, Rafael. Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay: ¿qué tienen para decir las ciencias sociales? FESUR, Montevideo. 2009.

¿Qué funciona en la prevención, reinserción y disminución de la reincidencia?… Sin dato

Termina un nuevo año en el que la temática de seguridad ciudadana vuelve a ser protagonista. El contexto en el que esto ocurre continúa siendo especialmente complejo por varias circunstancias. En primera instancia por tratarse de un tema en el cual es posible identificar un importante déficit de información. Pero también por tratarse de una temática en relación a la cual la información pública existente no ha sido presentada en forma periódica y sistemática.

Es una realidad conocida la existencia de importantes polémicas en relación a la forma en la cual se elaboran los datos, se presentan y se analizan. La realización de un diagnóstico profundo de las deficiencias de los sistemas de información podría dar lugar a un extenso análisis, pero es preciso dar cuenta de algunos de los principales problemas. En la actualidad la información pública sobre el fenómeno de la delincuencia y en especial de la juvenil se caracteriza por su aislamiento, falta de publicidad, problemas para el acceso, la imposibilidad de admitir comparaciones, y la ausencia de reflexión crítica. Esto último, incluso por parte de las propias agencias que los tienen a su cargo. Es posible identificar cierta precariedad institucional y de capacidad técnica en lo que refiere al manejo de la información. Las discrepancias entre los datos oficiales sobre el impacto de la delincuencia juvenil en el total de delitos que se cometen, así como inexistencia de anuarios o boletines estadísticos comprensivos y analíticos son buenos ejemplos de esta circunstancia, excepto por la labor que se desarrolla desde el Poder Judicial y el Observatorio del Sistema Judicial. No obstante, han existido avances en los que tiene que ver con la creación y actualización de sistemas de información y la inclusión del tema en la agenda de los poderes públicos. Pero aún no es posible visualizar el impacto de estos avances.

Los problemas mencionados tienen consecuencias prácticas. El análisis de la información a los efectos de formular y comprobar las hipótesis de las intervenciones, la generación de conocimiento sobre el sistema de penal juvenil con base empírica para buscar las mejores soluciones, o reducir el error en las intervenciones, entre otras acciones indispensables dentro de una política pública racional, son imposibles sin un sistema de información, que desarrolle y privilegie una serie de indicadores, más allá del referido a la cantidad de fugas. Si no es posible medir claramente y en forma sostenida en el tiempo qué funciona, qué previene, qué reinserta en la sociedad a quienes pasan por el sistema penal en general y por la justicia juvenil, se hace imposible discutir racionalmente con quienes plantean soluciones mágicas y represivas.

Se trata de que las políticas de prevención del delito efectivamente los prevengan, que las respuestas del sistema penal se encuentren dirigidas a la reinserción, y que de alguna manera tengan como resultado la no comisión de un nuevo delito. Pero para todo esto se requiere profesionalizar el sistema, poder evaluarlo y poder decidir qué es lo que funciona, cuándo funciona, por qué funciona y cómo replicarlo o modificarlo para mejorar su eficiencia en términos mensurables.

También forma parte del contexto el proceso de contrarreforma y la percepción de un crecimiento de la violencia y la inseguridad, que se traduce en cíclicas propuestas de mayor severidad en la aplicación de la ley penal por parte antes de algunos sectores, ahora de las mayorías. Las políticas públicas de seguridad ciudadana son de las que mayor relevancia han tenido en el debate público en las últimas décadas. No hay duda que se trata de un tema sensible e importante. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia constituye un grave problema donde se encuentra en juego la vigencia de los derechos humanos. Esta perspectiva tiene relación con la necesidad de que las políticas sobre seguridad ciudadana sean evaluadas en relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Esto implica que la construcción de la misma debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y como límite a las intervenciones del Estado. Pero también desde esa perspectiva la seguridad ciudadana debe ser concebida como el derecho de todas las personas a vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito. No debería formularse de modo alguno, la existencia de una contraposición o incompatibilidad entre el respeto de los derechos y el desarrollo de políticas eficaces de seguridad ciudadana.

Sin embargo, los cambios recientes y los futuros no parecen obedecer a una lógica como la descripta, sino a embates represivos simbólicos y costosos. Aún podemos seguir preguntándonos ¿qué es lo que funciona a nivel de prevención, reinserción y disminución de la reincidencia? Termina el año sin que existan formas transparentes y confiables para responder estas preguntas. Y mientras tanto a nadie le importa la respuesta de para qué sirve aumentar penas, criminalizar las faltas, etc.; sólo las aumentamos creyendo contra toda evidencia que eso nos va a dar más seguridad.

Publicado en: 180.com.uy

El impacto de la delincuencia juvenil en la totalidad de las intervenciones del sistema de justicia penal

De acuerdo a la legislación vigente son las autoridades judiciales las que les corresponde determinar en relación a la autoría, régimen de participación y responsabilidad de las personas que desarrollan una conducta prevista en la legislación penal. Por tanto y tal como surge de los gráficos siguientes, si tomamos en cuenta la información del Poder Judicial, el inicio de procedimientos penales de la justicia juvenil representado el 8.1% y 9.7% del total de inicios de procedimientos penales en la capital durante el año 2010 y 2011 respectivamente en el Departamento de Montevideo.

Los porcentajes antes referidos es son menores al correspondiente al año 2000 y 2005. En efecto, durante el año 2000, en Montevideo se registraron 7.335 intervenciones de las cuales el 89% pertenece a asuntos iniciados por adultos, relacionados a delitos de carácter penal y al crimen organizado; y únicamente un 11% pertenece a intervenciones generadas por adolescentes.

Informe

¿Ultimo recurso?

La utilización inicial de la privación de libertad

La normativa es clara. Pero cada vez más adolescentes son privados de libertad pese a que deben existir otras alternativas más interesantes, educativas y constructivas que no se aplican.

El aumento de la utilización es aún mas evidente si tomamos en cuenta en forma conjunta a las medidas cautelares privativas de libertad que prevé la normativa vigente (internación provisoria y arresto domiciliario).

La información referida es especialmente grave no sólo por implicar un desconocimiento de la normativa, sino por tratarse de una práctica que se sustenta en un sistema de privación de libertad caracterizado por el ocio y el hacinamiento en el que se potencian los efectos negativos de la privación de libertad.

INFORME

Fuente: Relevamientos del OSJ (2004, 05, 06, 07 y 08) y elaboración propia de datos del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial (2009 y 10). Los relevamientos del OSJ se realizan sobre muestras estadísticamente representativas de expedientes y los datos del Poder Judicial son porcentajes calculados sobre total de casos de expedientes concluidos.

Normativa

La utilización de la privación de libertad como medida cautelar al inicio de los procedimientos debe ser excepcional. Esto trae como consecuencia la necesidad de que existan previsiones normativas referidas a una pluralidad de otras medidas distintas a la prisión preventiva, a las cuales las autoridades jurisdiccionales puedan recurrir y que se deben implementar efectivamente.
El principio de que los adolescentes solo deben ser privados de su libertad como último recurso es especialmente importante durante la etapa pre procesal, porque todavía no han sido responsabilizados y, por ende, se debe presumir su inocencia. El derecho internacional requiere que la prisión preventiva solo se aplique como último recurso y durante el plazo más breve posible.
Para estar justificada, la aplicación de la privación de libertad como medida cautelar debe estar destinada a asegurar determinadas finalidades procesales legítimas. Al respecto, la normativa prevé, como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. Más aún, el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas, de tal forma que la mera alegación de este riesgo no satisface este requisito. Para una medida de prisión preventiva debe tenerse en cuenta también el principio de proporcionalidad de la pena, de forma tal que no se podrá aplicar esta medida cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad.
Pese a lo expresado, la utilización excesiva de la privación de libertad al inicio de los procedimientos es uno de los problemas más evidentes del sistema penal juvenil. Y es además un problema que se agrava con el tiempo.

Justicia Penal Juvenil 2010

Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, Uruguay comenzó un proceso de adecuación de su normativa nacional a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad.

La implementación del CNA en estos seis años de vigencia ha significado un verdadero desafío para las instituciones y los operadores, por una suma de factores que tienen su origen en diferentes causas: deficiencias normativas del propio Código, inadecuación estructural de algunas instituciones para el cumplimiento de sus fines de protección de los derechos de los niños, persistencia de prácticas tutelares de algunos operadores, dificultades en la operatividad del sistema de ejecución de las sanciones, especialmente en la administración de los centros de privación de libertad, la sensación de impunidad que generó en la sociedad este cuerpo normativo ni bien fue aprobado, con el consiguiente aumento de la demanda de mayor dureza en la intervención punitiva, entre otras.

El Observatorio del Sistema Judicial ha venido monitoreando, a través del análisis exhaustivo de expedientes judiciales, este complejo proceso de implementación de la normativa vigente en el país. De su análisis surgen las dificultades que tanto instituciones como operadores tienen que enfrentar para dar cabal cumplimiento a sus responsabilidades, muchas veces derivadas de la subsistencia de prácticas no ajustadas al nuevo paradigma, tanto en el ámbito penal adolescente como de protección de los derechos vulnerados o amenazados de niños y adolescentes.

Por ello UNICEF entiende pertinente cooperar con organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad u objetivo último sea contribuir con el país al mejoramiento de las instituciones y de la praxis de los operadores, a fin de garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a la justicia para la protección de sus derechos y cuando se vean enfrentados a un juicio de atribución de responsabilidad penal.

Egidio Crotti Representante de UNICEF en Uruguay

Discurso y Realidad 2009

“La publicación que hoy se presenta permite realizar un diagnóstico de la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia desde su aprobación y hasta el 2006. En ese sentido, es una herramienta facilitadora de debates que esperamos contribuya siempre a mejorar las prácticas en pro del respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que, por una razón u otra, han sido objeto de una intervención judicial. Estamos convencidos de que esta publicación será un insumo valioso tanto para el trabajo de los operadores del sistema de justicia como para legisladores y operadores del campo de la infancia y la adolescencia”, (Egidio Crotti Representante de UNICEF en Uruguay).

Privados de libertad. La voz de los adolescentes 2008

El derecho del niño a expresar su opinión libremente sobre todos los asuntos que le afecten se respetará y hará efectivo plenamente en cada etapa del proceso de la justicia de menores. […] las opiniones de los niños involucrados en el sistema de justicia de menores se están convirtiendo cada vez más en una fuerza poderosa de mejora y reforma y para el disfrute de sus derechos.

(Comité de los Derechos del Niño, Observación general No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, crc/c/gc/0, 5 de abril de 2007)

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