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Bienvenidos

La Fundación Justicia y Derecho es una Organización no Gubernamental que trabaja en la investigación, promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay.

El Observatorio del Sistema Judicial ha sido una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia y las políticas públicas. Se desarrolla mediante el seguimiento de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales y de una selección de casos relevantes (a este segundo componente incorporamos, a partir de 2007, una clínica jurídica orientada al litigio estratégico).

Contacto: fundacionjusticiayderechos@gmail.com

Jueza Mainard procesó a cinco colectiveros por explotación sexual de adolescentes

12.01.17, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. María Helena Mainard, dictó el procesamiento y prisión de cinco empleados de una empresa de transporte colectivo por delitos vinculados a la explotación sexual de menores de edad previstos en los arts. 4 y 5 de la ley nº 17.815.

La investigación se inició a instancias de la denuncia presentada por la Presidenta de INAU Lic. Marisa Lindner, quien señaló que en terminales de la empresa de transporte colectivo en la que se desempeñaban los choferes, guardas e inspectores sospechados, se habrían entablado en varias oportunidades contactos de tipo sexual con por lo menos tres adolescentes, lo que en uno de los casos dataría de hace tres años atrás. Los encuentros se producían en los coches de la empresa, en casas que se alquilaban a tal fin o en hoteles de alta rotatividad, a cambio de dinero u otros bienes.-
La investigación desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (Departamento de Investigación de Delitos Especiales) permitió determinar que por lo mens tres adolescentes estarían siendo sometidas por trabajadores de la empresa de transporte colectivo en el Cerro. La prueba recogida permitió a la magistrada enjuiciar a E.G.C. por la comisión en calidad de autor de un delito de retribución o promesa de retribución de personas menores de edad o incapaces, así como a J.S.G., C.A.W.R., L.G.A.O. y F.J.G.M., por la comisión en calidad de autores, de un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces, respectivamente.-
El enjuiciamiento se dispuso con prisión atendiendo “a la gravedad de las conductas imputadas primariamente”.-

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1918-redactora-de-confirmacion-para-restituir-nina-a-espana-explica-pormenores-del-fallo.html

Redactora de confirmación para restituir niña a España explica pormenores del fallo

23.12.16, de DICOMI-SCJ.- La Ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, Dra. Lilián Bendahan, redactora de la sentencia que confirmó la orden de restitución de una menor de 4 años de edad a España, de donde fue traída por su madre y retenida en nuestro país sin que el padre consintiera nuevo domicilio, respondió a consultas concretas realizadas desde este portal noticioso.

La resolución tuvo amplia repercusión mediática y fue objeto de diversos comentarios, muchos de los cuales no tomaron en consideración siquiera los términos concretos con los que se dictó el fallo, fundado en el marco del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la sustracción Internacional de Menores, aprobado en Uruguay por ley 17.109 de 25 de Mayo de 1999, que nos vincula con España y un gran número de países del mundo.
El Uruguay asumió así la obligación de restituír a los niños ilícitamente sustraídos de su jurisdicción natural (centro de vida del niño, Estado de su formación, residencia habitual del niño) para que sea este Juez, quien resuelva todas las cuestiones atinentes a su guarda y su interés. El Convenio de La Haya reposa sobre la premisa de ser éste el Juez que mejor puede proteger al niño, porque allí están todos los elementos de juicio necesarios para ello. Y sobre la mutua confianza en las Instituciones de los países signatarios del Convenio.
NO SE DUDA RESPECTO DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA
Consultada concretamente sobre si se tomaron en cuenta las denuncias de la madre de la niña, la Dra. Bendahan explicó que “aún detectándose un cierto riesgo se debe restituir si se demuestra que con las adecuadas medidas de protección el riesgo puede ser conjurado para que se lleve adelante el juicio en la jurisdicción natural. Si así no fuere, es decir si no hubiere manera de conjurar el riesgo, entonces actúa la excepción y no se restituye. Y eso es lo único que toca dirimir al Juez del estado requerido, en este caso, Uruguay”.
Al resolver este asunto “el Tribunal entendió que existen medidas de protección efectivas y no se abrigan dudas respecto de la existencia de un Estado de Derecho en el Reino de España, integrante de la Unión Europea, con leyes garantistas en materia de Derechos Humanos, Justicia independiente y efectiva”, dijo la magistrada.
Por eso el fallo, sin pronunciarse sobre la acusación de abuso, adopta medidas que aseguran el retorno seguro pero sin cuyo cumplimiento, el retorno no tendrá lugar” aseguró.
LAS CONDICIONES DEL FALLO DEBEN SER RECONOCIDAS POR LA JUSTICIA ESPAÑOLA.
El fallo dispone la restitución condicionada a que se obtenga el reconocimiento judicial en el Reino de España de la orden de protección dictada en Uruguay por el Tribunal en ejercicio de una competencia genuina otorgada por otro Convenio de La Haya, el Convenio de La Haya relativo a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños de 1996, aprobado por Ley N° 18.535 de 11 de Agosto de 2.009.
La protección para el retorno seguro que determina el fallo consiste en condicionar el regreso de la niña al cumplimiento de dos condiciones, a saber:
1) El fallo otorga a la madre la tenencia provisional de su hija y determina una orden de prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros y comunicación por cualquier medio, por parte del padre respecto de las dos, madre e hija. La condición es el reconocimiento Judicial de esas medidas por el Juez Español.
Ambas medidas deben, en el marco del Convenio del 96, resultar objeto de un reconocimiento por el Juez competente en el Reino de España, mediante un proceso Judicial de Reconocimiento.
Dado que los procedimientos de Reconocimiento al amparo del Convenio del 96 dependen de la Ley interna de cada país, si el padre requirente no demuestra ante la sede de Primera Instancia en Uruguay que a resultas de ese proceso en España la orden de protección ha sido reconocida por el Juez Español, la niña no regresa.
2) La madre tuvo en su momento una causa penal abierta en España debido a la sustracción que, según surge del expediente, ha sido sobreseída. Si el padre requirente no acredita frente al Juzgado de Primera Instancia en Uruguay que el auto de sobreseimeinto se encuentra firme, es decir ya no es pasible de recursos, la niña no regresa.
Ambas condiciones deben cumplirse acumulativamente para que se habilite el regreso.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1918-redactora-de-confirmacion-para-restituir-nina-a-espana-explica-pormenores-del-fallo.html

Tribunal de Apelaciones confirmó orden de restituir a menor traído de España de forma ilegítima

24.05.16, de DICOMI-SCJ.- El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, integrado por los Jueces Pera, Cavalli, Martínez y Agnetti, confirmó la sentencia dictada por la Jueza María Fátima Boné quien ordenó la restitución de un menor que fuera traído de forma ilegítima por su madre desde España.
Respecto de la decisión de la Jueza Boné, el Tribunal la confirmó aclarando que “si bien en el fallo del pronunciamiento atacado, por error se hace referencia a la entrega de J. a su padre, el objeto de este proceso no es decidir con cuál de los progenitores debe convivir, y por consiguiente, la orden de restitución de ningún modo significa una resolución al respecto”.
Los Magistrados entienden que “no habiéndose aportado por la excepcionante prueba que acredite que el niño haya debido soportar acto de violencia de ningún tipo por parte de su padre, y siendo que además debía probar que existía ‘grave riesgo’ de que la restitución pusiera a J. en peligro físico, psíquico, o que de cualquier otra manera los expusiera a una ‘situación intolerable'”.
En alusión al deseo del niño de permanecer en Uruguay, el Tribunal expresó: “en primer lugar se impone precisar que lo que establece el art. 16 en el inc. A) es la posibilidad de rechazar la solicitud: ‘Si se comprobare que la persona de menos de dieciséis años de edad se opone por motivos fundados a regresar y, a juicio del Tribunal, su edad y madurez justificare tomar en cuenta su opinión ( art. 8º de la Ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004, Código de la Niñez y la Adolescencia)'”. Además agregan que “ninguna duda existe, por tanto, sobre el derecho del menor a ser escuchado conforme a lo establecido en el art. 12 de la Convención de Derechos del Niño, y a que se tome en cuenta su opinión, pero eso no significa resolver el caso solo en base a esa voluntad expresada (Sentencias de la Sala Nº DFA 0011-000857/2014 y SEF 0011-000176/2014)”.

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1606-flores.html

Jueza Boné ordena restituir a un menor traído de forma ilegítima por su madre desde España

05.05.16, de DICOMI-SCJ.- La Jueza Letrada de Primera Instancia de Flores de 2º Turno, Dra. Fátima Boné, ordenó la restitución de un niño de seis años de edad que fue traído desde España de forma ilegítima por su madre, y dispuso además que la Defensora asignada al niño le leyera un capítulo de la sentencia especialmente redactado para que pudiese comprenderla claramente.

La magistrada sostuvo la necesidad de que en estos casos se utilice en las resoluciones judiciales un lenguaje “adecuado a los efectos de que los interlocutores se comprendan” y que “tratándose de un niño pequeño de 6 años de edad” debe hacerse un esfuerzo para que “pueda comprender cuál es la decisión que la Sede ha tomado en relación a su vida y los motivos por los cuales se arribó“, encausándolo a través del principio del “Derecho a la Respuesta“, refiriendo así al “derecho no solo a conocer sino a comprender el juicio realizado por el decisor“.

 

Las palabras dirigidas al niño fueron las siguientes:
J.: soy la Juez Fátima que estuvo hablando contigo en el día de ayer en el Juzgado. Como bien tú me lo dijiste ayer, yo estoy para resolver acerca de si vas a quedarte acá en Uruguay con mamá y con los abuelos Miriam y José o si debes volver a España donde está tu papá y los otros abuelos Beatriz y Antonio.
Se que acá en esta ciudad de Trinidad, en la que estás hace más o menos 4 meses, la que a vos te parece “un pueblito”, estás contento y tenés muchas actividades como el teatro, la piscina y el taekwondo aunque no tengas traje ni cinturón. Sé que te gusta y que te divertís, que tenés a Rosita y a Dana como mascotas y que eso es bueno para ti. Pero también es verdad que en España hay personas y situaciones muy importantes para ti: allá puedes ver a tu papá, a los abuelos, primos y continuar la relación con tus amigos. Por otra parte también sé que España tal como me lo dijiste cuando hablamos en el Juzgado te gusta, pero que el lugar más lindo entre Nerja, Granada y Barcelona es Nerja, donde viviste con mamá y papá.
Por tanto como tengo que decidir aunque no tengo toga ni martillo como bien vos sabés, considero que es necesario que ahora a la brevedad puedas volver a tu país, España.
Así vas a poder ver también a papá, y a tus otros familiares. Eso no quiere decir que no puedas volver acá donde te sentís tan bien.
Como te dije en el juzgado, fue un gusto conocerte. Será hasta pronto.
Fátima.

 

La magistrada sostuvo en su resolución que “la opinión del niño debe ser tenida en cuenta, pero no es vinculante, ya que debe valorarse la misma de acuerdo a factores tales como la madurez y edad
Más adelante añade que “si bien es un niño pequeño de 6 años, demostró una comprensión clara de la situación y se desenvolvió tanto en audiencia como en la entrevista con la psicóloga de la Sede con mucha soltura“.

Claramente manifestó a la psicóloga que los niños ‘tienen que estar con sus mamás y también con sus papás’, expresando seguidamente ‘no soy solo de ninguno, soy hijo de los dos’ ( fs 306 vto). Se desprende entonces que quiere a ambos padres y quiere estar con ambos viendo como imposible que los tres vivan en un mismo país porque los padres se pelean mucho y causan muchos problemas“.
No hay entonces un sentimiento fuerte de no regresar, una objeción como lo requiere el convenio, sino una mera preferencia en tanto parecería para él que es la mejor forma de que no existan problemas entre los padres. Estas preferencias de estado no son suficientes como para configurar la excepción de la que habla el art. 16 literal A de la ley 18.895” establece la jueza Boné en su sentencia.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1590-jueza-bone-ordena-restituir-a-un-menor-traido-de-forma-ilegitima-por-su-madre-desde-espana.html 

Tribunal de Apelaciones confirmó sentencia negando restitución internacional de niño noruego

19.08.15, de DICOMI-SCJ.- El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó la sentencia dictada por la Jueza Letrada de Primera Instancia de Paysandú de 2º Turno, Dra. Nivia Diaz, no haciendo lugar a la solicitud de restitución internacional de un niño de origen noruego de 7 años de edad, efectuada por su padre legítimo residente en Noruega.

De acuerdo a lo expresado en la sentencia definitiva de la sala, en resolución adoptada por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la Ley 15.750), se confirmó la sentencia de primera instancia recurrida por la defensa del ciudadano noruego, por entender que la impugnación fue presentada fuera del plazo legal estipulado y establecido en la Convención aplicable y en virtud del “grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un peligro físico o psiquíco” (art. 15 lit. B de la Ley 18.895 y art. 13 lit. B del Convenio de La Haya).
Los ministros firmantes Dra. Mary Cristina Alonso, Dra. Loreley Opertti y Dr. Fernando Cardinal sostuvieron que: “en efecto, de la probanza diligenciada, correctamente valorada por la sentenciante de primer grado, emerge que el niño se encuentra integrado a su nuevo centro de vida, en el que ha permanecido ya durante dos años, en su vida de siete años”. El tribunal confirmó la sentencia sin especial condenación procesal en el grado.

 

Fuente: http://www.poderjudicial.gub.uy/historico-de-noticias/1343-tribunal-de-apelaciones-confirmo-sentencia-de-primera-instancia-oponiendose-a-la-solicitud-de-restitucion-internacional-de-nino-noruego.html

Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo.

internados-tapaAutores: Agustina López y Javier Palummo Equipo de investigación: Vanessa Anfitti, Georgina Albornoz, Sabrina Bohm, Ana Inés Corrales, Agustina López y Sabrina Massaferro. Descargar: Internados.

Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo

Tapa

Delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo

La Fundación Justicia y Derecho tienen el gusto de invitarlo a la presentación del libro Delincuencia Juvenil en la Ciudad de Montevideo desarrollada en el marco del proyecto Observatorio del Sistema Judicial.

Invitacion

Los comentarios estarán a cargo de la Dra Karyna Batista Sposato, Especialista en Responsabilidad Penal Juvenil y profesora del Programa de Posgrado en Derechos Humanos. Universidad Tiradentes, Brasil.

Torre de los Profesionales, Sala Ombú.

Yaguarón 1407 piso 4.

4 de abril de 2013 de 10 a 11:30 horas.

Se entregará una copia del libro a los asistentes.

 

 

 

Control y desarme

Es momento para el desarme (no sólo en el norte)

Un hombre de 77 años le dispara a su mujer de 68 para luego suicidarse; una mujer para a su pareja de un disparo y su cuerpo aparece en un basurero; presuntos delincuentes que mueren en manos de policías, por enigmáticos ajustes de cuentas o por parte de comerciantes; un religioso mata de tres disparos a un joven previamente denunciado por violencia doméstica; jóvenes y adultos aparecen con impactos de balas en la vía pública en diversos barrios de la ciudad como Belvedere o el Cerro, discusiones o encuentros que también terminan con muertos en plena vía pública por disparo de armas de fuego en Barros Blancos o en la Ciudad de Maldonado; un sereno de 48 años que es asesinado y le son sustraídas dos armas de fuego.

El año ha comenzado con armas, disparos y víctimas.

Según algunos estudios en Uruguay se encuentran inscriptas más de 600.000 armas. Este número incluiría las de las fuerzas armadas y la policía, a las que no llegarían a representar el 10% del total. Presumiéndose además altos índices de registro, dado que más de la mitad de las armas involucradas en hechos delictivos generalmente se encuentran inscriptas. Los estudios han concluido que las fuentes ilegales de armas son, más que el contrabando, los robos de armerías, de hogares y de las Fuerzas Armadas, así como las armas traídas por militares desde distintas misiones de paz de las Naciones Unidas. Según algunos investigadores uno de cada tres uruguayos tiene a disposición un arma de fuego lo que asemeja nuestra sociedad a las que se encuentran en situación de guerra civil.

La temática de las armas en Uruguay tiene algunas características particulares en el contexto regional. Como no existe producción nacional, todas las armas deben ser importadas, lo que implica que su disponibilidad tiene relación directa con las modificaciones en los términos de intercambio.

El fácil acceso de la población civil a las armas de fuego es un tema preocupante en todo el mundo. En el 2008 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró que las armas de fuego son una amenaza para la vida de las personas y la convivencia pacífica de cualquier sociedad.

En este contexto pese a estar sujeto un proyecto del Poder Ejecutivo a trámite parlamentario el control de armas no parece una de las prioridades en materia de las políticas de seguridad, como si lo están otras tantas iniciativas, como el endurecimiento del sistema penal, especialmente del juvenil. Si bien la violencia tiene múltiples causas, la proliferación y fácil acceso a las armas de fuego la agrava y en muchos casos la hace posible. Hay suficiente evidencia entorno a que episodios las peleas entre vecinos o familiares, las situaciones de violencia de género, el desarrollo de delitos contra la propiedad, los accidentes pos negligencia o imprudencia, o incluso las tentativas de suicidio conducen fácilmente a la muerte cuando se encuentra un arma de fuego.

Dentro de las políticas integrales de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, el control de armas y municiones debería aparecer como una evidente prioridad para las autoridades. Existe un proyecto del Poder Ejecutivo destinado a abordar la temática, pero se trata de una iniciativa que no es lo suficientemente integral. Es preciso restringir la oferta, controlar el acceso legal a las armas, perseguir el tráfico y el contrabando, pero también en necesario en el contexto actual reducir la demanda a través de campañas de educación y concientización. Pero lo más importante es necesario desarmar a la población civil, recién se esta comenzando a hablar del tema por parte de las autoridades y las ideas no parecen del todo apropiadas. Es posible aprender mucho de los planes de recolección de armas que han funcionado en otros países, y es necesario hablar no solo de recolectar las armas, sino también de destruirlas.

No se trata de una idea original sino de una experiencia que ha sido utilizada en múltiples países, incluso de la región y que ha demostrado resultados cuando ha contado con respaldo político, incentivos económicos y garantías para quienes deciden entregar armas.

Boletín 2013

Referencias:

Dreyfus Pablo, et. al., “Control de Armas Pequeñas en el Mercosur”, Proyecto para la implementación de controles sobre armas pequeñas (MISAC), Serie América Latina No. 3 (versión en español) International Alert, Programa de Seguridad y Construcción de Paz Viva Rio, Proyecto de Control de Armas de Fuego, octubre 2003.

Dreyfus Pablo, et. al., Vecindario Bajo Observación: Un estudio sobre las “Transferencias Grises” de armas de fuego y municiones en las fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, Documento de Trabajo No 2 del Proyecto de Control de Armas de Fuego de Viva Rio, s/f.

Fleitas, Diego “El Problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur”, FLACSO Secretaría General, Documento de Trabajo Nro. 1, Junio 2006.

Paternain, Rafael y Sanseviero, Rafael. Violencia, inseguridad y miedos en el Uruguay: ¿qué tienen para decir las ciencias sociales? FESUR, Montevideo. 2009.

¿Qué funciona en la prevención, reinserción y disminución de la reincidencia?… Sin dato

Termina un nuevo año en el que la temática de seguridad ciudadana vuelve a ser protagonista. El contexto en el que esto ocurre continúa siendo especialmente complejo por varias circunstancias. En primera instancia por tratarse de un tema en el cual es posible identificar un importante déficit de información. Pero también por tratarse de una temática en relación a la cual la información pública existente no ha sido presentada en forma periódica y sistemática.

Es una realidad conocida la existencia de importantes polémicas en relación a la forma en la cual se elaboran los datos, se presentan y se analizan. La realización de un diagnóstico profundo de las deficiencias de los sistemas de información podría dar lugar a un extenso análisis, pero es preciso dar cuenta de algunos de los principales problemas. En la actualidad la información pública sobre el fenómeno de la delincuencia y en especial de la juvenil se caracteriza por su aislamiento, falta de publicidad, problemas para el acceso, la imposibilidad de admitir comparaciones, y la ausencia de reflexión crítica. Esto último, incluso por parte de las propias agencias que los tienen a su cargo. Es posible identificar cierta precariedad institucional y de capacidad técnica en lo que refiere al manejo de la información. Las discrepancias entre los datos oficiales sobre el impacto de la delincuencia juvenil en el total de delitos que se cometen, así como inexistencia de anuarios o boletines estadísticos comprensivos y analíticos son buenos ejemplos de esta circunstancia, excepto por la labor que se desarrolla desde el Poder Judicial y el Observatorio del Sistema Judicial. No obstante, han existido avances en los que tiene que ver con la creación y actualización de sistemas de información y la inclusión del tema en la agenda de los poderes públicos. Pero aún no es posible visualizar el impacto de estos avances.

Los problemas mencionados tienen consecuencias prácticas. El análisis de la información a los efectos de formular y comprobar las hipótesis de las intervenciones, la generación de conocimiento sobre el sistema de penal juvenil con base empírica para buscar las mejores soluciones, o reducir el error en las intervenciones, entre otras acciones indispensables dentro de una política pública racional, son imposibles sin un sistema de información, que desarrolle y privilegie una serie de indicadores, más allá del referido a la cantidad de fugas. Si no es posible medir claramente y en forma sostenida en el tiempo qué funciona, qué previene, qué reinserta en la sociedad a quienes pasan por el sistema penal en general y por la justicia juvenil, se hace imposible discutir racionalmente con quienes plantean soluciones mágicas y represivas.

Se trata de que las políticas de prevención del delito efectivamente los prevengan, que las respuestas del sistema penal se encuentren dirigidas a la reinserción, y que de alguna manera tengan como resultado la no comisión de un nuevo delito. Pero para todo esto se requiere profesionalizar el sistema, poder evaluarlo y poder decidir qué es lo que funciona, cuándo funciona, por qué funciona y cómo replicarlo o modificarlo para mejorar su eficiencia en términos mensurables.

También forma parte del contexto el proceso de contrarreforma y la percepción de un crecimiento de la violencia y la inseguridad, que se traduce en cíclicas propuestas de mayor severidad en la aplicación de la ley penal por parte antes de algunos sectores, ahora de las mayorías. Las políticas públicas de seguridad ciudadana son de las que mayor relevancia han tenido en el debate público en las últimas décadas. No hay duda que se trata de un tema sensible e importante. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia constituye un grave problema donde se encuentra en juego la vigencia de los derechos humanos. Esta perspectiva tiene relación con la necesidad de que las políticas sobre seguridad ciudadana sean evaluadas en relación al respeto y garantía de los derechos humanos. Esto implica que la construcción de la misma debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y como límite a las intervenciones del Estado. Pero también desde esa perspectiva la seguridad ciudadana debe ser concebida como el derecho de todas las personas a vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito. No debería formularse de modo alguno, la existencia de una contraposición o incompatibilidad entre el respeto de los derechos y el desarrollo de políticas eficaces de seguridad ciudadana.

Sin embargo, los cambios recientes y los futuros no parecen obedecer a una lógica como la descripta, sino a embates represivos simbólicos y costosos. Aún podemos seguir preguntándonos ¿qué es lo que funciona a nivel de prevención, reinserción y disminución de la reincidencia? Termina el año sin que existan formas transparentes y confiables para responder estas preguntas. Y mientras tanto a nadie le importa la respuesta de para qué sirve aumentar penas, criminalizar las faltas, etc.; sólo las aumentamos creyendo contra toda evidencia que eso nos va a dar más seguridad.

Publicado en: 180.com.uy

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